Otra manzana de la discordia. Esta vez no es la extradición a favor de los norteamericanos (que condenan la eutanasia y practican la pena de muerte), ni la espalda del presidente, ni el aterrador avance de los paramilitares, sino la muerte por razones no violentas, que en Colombia más que un derecho es un privilegio. La Corte Constitucional defendió el derecho a la muerte digna. Los médicos parecen obedecer sólo al objetivo de la vida biológica sin respetar lo que el paciente autónomamente considera como vida digna. “El principio de autonomía consiste en menoscabar en el menor grado posible la posibilidad de los individuos de elegir y materializar planes de vida” según Carlos Santiago Nino.
Para el magistrado Carlos Gaviria: “Si a la persona se la reconoce como moralmente autónoma, y así lo hace la Constitución colombiana, no se la puede obligar, a la fuerza, a observar comportamientos fundados en creencias que no son las suyas, y en asuntos que esencialmente a ella atañen. Eso sería no solo jurídicamente inadmisible (por contradictorio) sino éticamente inaceptable”.
Cuando el paciente no puede ¿quién entonces decide? ¿No es acaso común que al negarle al paciente la información se le coloque en imposibilidad de decidir? Digamos por lo menos quienes no podrían decidir.
Los curas, porque han cerrado filas para rechazar la medida (mientras bendicen los fusiles con que el Ejército erige a Colombia como uno de los mayores violadores de derechos humanos) y porque en su “ética de la piedad” pueden terminar piadosamente eutanasiando a todos aquellos pocos santos, cual santa inquisición. Además, porque fieles a la Biblia, la enfermedad oscila entre el castigo y el sacrificio (“parirás con dolor”) y los eutanasiables no son autónomos para renunciar al castigo (como el sida, por ser “contra natura”).
Tampoco la familia, institución más cerca a los Borgia que al pesebre, donde se cuecen habas, testamentos, herencias, rencores y odios. (ver cualquier juzgado de familia). Según medicina legal, en el 32,1% de los caos de lesiones no fatales por violencia, el lesionado y el agresor viven en el mismo domicilio; en 4.514 casos de maltrato infantil, el 47.7% el maltratante es el padre; y en los casos de delito sexual a menores de 14 años, el 74.2% de los agresores son familiares o conocidos de la víctima.
En la ley 100 de 1993, existían los períodos mínimos de cotización (100 semanas) y aquella persona que no cotizaba no podía ser atendida en casos de sida, cáncer y otras “enfermedades ruinosas” sino que debía comprar el servicio, hasta que la Corte Constitucional echó atrás la medida. El Plan Obligatorio de Salud excluye a los transplantes de órganos, salvo los que deja a criterios de “elegibilidad” que son los de costos vs. Rentabilidad. Quien paga es apto y quien no, puede ser eutanasiable. La ley 100 creó una lista de “medicamentos esenciales” excluyendo medicamentos costosos que los usuarios van arrancándoles al sistema gracias a la tutela. En unidad de cuidados intensivos, la ley sólo cubre 5 días y del sexto en adelante deberá ser pagado por el “cliente” del quinto al sexto, cambiaría lo eutanasiable.
Por último, los médicos, esa sacro-santa institución de bata blanca casi pecaminosa. Pues no, no he oído una sola decisión médica invocando a Hipócrates. El padre Llanos invoca la tradición hipocrática de 24 siglos como si fuese acaso un decálogo comprobable y no un mito. A los médicos les afana la muerte desde su supuesta ética, pero qué poco les afana la vida digna de sus pacientes, más allá del hospital en que se atrincheran. Ellos “sin piedad, no vacilan en hacer de quien agoniza un campo de batalla donde es válido usar cualquiera de las armas guardadas en el arsenal del encarnizamiento terapéutico.
Algunos “casos aislados” que hablaban de la ética médica: el homicidio de indigentes par que otros futuros colegas tengan “material” para estudiar anatomía en la Universidad Libre; la negación del ejercicio de la libertad de cultos de los testigos de Jehová al obligarlos a ser transfundidos; el trato fascista a homosexuales (como si todos tuviesen sida hasta que demostraran lo contrario) y a indigentes; las prácticas machistas (para que una mujer pueda ligarse las trompas debe tener permiso del marido). La ética implicaría la existencia de un límite a la crueldad de ciertos procedimientos médicos, una postura crítica frente al mercado de los fármacos, la no existencia de categorías de seres, la no impunidad en lo médico-legal. ¿Y si alguien actúa por plata o por miedo como incentivo?, ¿eso es susceptible de llamarse “ético”?
En Estados Unidos, entre 1932 y 1972, 500 pacientes negros presos con sífilis no recibieron tratamiento para observar el curso de la enfermedad. Este estudio fue financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Y en Colombia, el teórico de la ética médica, Sánchez Torres, dice que “las condiciones o estados psiquiátricos hacen recomendable, como es natural, evitar el embarazo, a no ser que el estado mental tenga relación con un deseo vehemente de maternidad”.
Así, ni la piedad de los curas, ni el capital de las EPS, ni el positivismo de la ciencia, ni las trampas de la familia son suficientes para remplazar la autonomía del individuo. El problema no es qué se decide -eutanasia o si o no- sino porque se decide.
Porqués que pueden ocultar posiciones fascistas, expresiones de doble moral, o intereses económicos, posturas, todas estas, que nos aterran y asaltan tanto en el Parlamento como detrás de las matas de plátano. La discusión debe ampliarse de la muerte digna a la vida digna.
Aquí donde parte de la educación se financia con los impuestos al licor, el deporte con los del cigarrillo y la prevención a la salud con los de las armas y explosivos, sucede otra cotidiana eutanasia pasiva (ese “dejar morir”) por falta de camas para cuidados intensivos, de recursos para los pacientes del régimen subsidiado, de ética médica, de legislación y por exceso de fascismo.